El Congreso aprobó por mayoría el pasado 13 de mayo el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, tras haber pasado por el Senado, cuyos objetivos incluyen que para 2040 los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, sean vehículos con emisiones de 0 g CO2/km, además de recortar emisiones y alcanzar la neutralidad climática del país en 2050. La Ley se publicó finalmente en el BOE de 21 de mayo.
El compromiso de avanzar y adelantar la ambición climática se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que sitúa a la transición ecológica como uno de sus ejes centrales. Esta norma, vinculada por tanto a los fondos europeos para la recuperación, c onducirá también hacia una transformación económica y social.
Dos fechas clave
Entre sus objetivos, la ley, que cuenta con 36 artículos, parte con dos fechas clave para su desarrollo:
2030, cuando España deberá reducir un 23% las emisiones de efecto invernadero respecto a 1990 (tres puntos más del texto que el Gobierno envió al Congreso hace ahora casi un año).
2050, año para alcanzar la neutralidad climática.
La Ley establece también el año 2040 como el fin de la matriculación de vehículos de combustión, con el objetivo puesto en alcanzar la neutralidad del parque móvil en 2050
Además, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán diseñar planes de movilidad sostenible con zonas de bajas emisiones (como las puestas en marcha en Madrid y Barcelona). Las localidades de más de 20.000 habitantes tendrán que hacer lo mismo si calidad de su aire no es buena.
La nueva ley también obligará a las estaciones de servicio a instalar más puntos de recarga para coches eléctricos. Además, a partir de 2023, todos los edificios que no sean de uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con estos mismos puntos de recarga.
Huella de carbono y planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas
El Gobierno establecerá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, la tipología de empresas con actividad en el territorio nacional que deberán calcular y publicar su huella de carbono, así como los términos iniciales a partir de los cuales dicha obligación será exigible. Estas empresas además deberán elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.