El Gobierno de Boris Johnson tiene ahora un plazo de un mes para responder a la misiva. El último paso es llegar hasta el TJUE.
De no resultar satisfactoria, el último paso del proceso es elevar la disputa ante el Tribunal de Justicia de la UE. “La Comisión Europea seguirá trabajando para la puesta en marcha completa y a tiempo del acuerdo. Respetamos nuestro compromiso”, ha señalado Von der Leyen a través de un breve mensaje institucional.
El Gobierno británico alega que el Acuerdo de Salida es diferente a cualquier otro tratado porque se cocinó “de forma precipitada” y en medio “de un gran desafío político”. Mientras que la UE recuerda que fue el resultado de unas negociaciones “largas, minuciosas y difíciles entre ambas partes” que se prolongaron durante más de dos años. “La implementación efectiva y completa del Acuerdo de Salida será siempre una prioridad absoluta para la UE. Es el resultado de una larga negociación entre la UE y el Reino Unido y la única vía para proteger el Acuerdo de Viernes Santo, y garantizar así la paz y estabilidad en la isla de Irlanda”, ha señalado Michel Barnier, jefe negociador por parte comunitaria.
La polémica legislación ha pasado hasta en tres ocasiones el filtro del Parlamento británico y necesita el aval de la cámara de los Lores para convertirse en ley oficial. Si finalmente lo hace, el Gobierno británico podrá alterar partes del Protocolo de Irlanda eliminando los controles en el Úlster. Daría vía libre al Gobierno a modificar de forma unilateral el régimen aduanero y de ayudas estatales que recoge el Acuerdo de Salida rompiendo cualquier disposición prevista en el Protocolo de Irlanda y sin acatamiento a ninguna decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La próxima fecha clave en el calendario es el 15 de octubre. Fecha máxima que se han dado los dos socios para alcanzar un acuerdo, que deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales.