Este nuevo organismo, impulsado por la Comisión Europea y que busca vigilar que se cumplan las normas que permiten a los ciudadanos trabajar en otros países de la Unión, ayudar a los Estados en las inspecciones de trabajo y resolver disputas entre ellos, a pesar de no contar con competencias plenas en materia laboral, ya ha iniciado su actividad.
Su sede estará en Bratislava aunque no operará de forma completa hasta el año 2024. Sus funciones se verán limitadas, ya que no podrá iniciar investigaciones laborales, que seguirán siendo competencia de los Estados miembros, aunque sí que podrá pedirlas si sospecha que hay fraude. Además, también trabajará para coordinar los sistemas de seguridad social nacionales, evitando las duplicidades en la cotización de los ciudadanos y trasladando las cotizaciones a las que tengan derecho de un país a otro.Entre sus funciones, tal y como se detalla en el Reglamento 1149/2019 por el que se crea este organismo y que se publicó en el DOUE el pasado 11 de julio, se encuentran facilitar el acceso a la información sobre los derechos y obligaciones en lo referentes a la movilidad laboral en la Unión, hacer más sencilla la cooperación entre los Estados miembros en lo referente a las inspecciones de trabajo y al seguimiento de las leyes sindicales y mediar en el caso de conflictos transfronterizos.