La legislación finlandesa impone una limitación adicional de 10 operaciones de cabotaje en un período de tres meses. Sin embargo, desde el punto de vista de la Comisión, esta restricción no está justificada.
Además, el derecho de la UE contempla la posibilidad de que cada operación de cabotaje pueda implicar varios puntos de carga y descarga. Sin embargo, la legislación finlandesa considera que cada descarga corresponde a una operación de cabotaje, algo que tampoco está justificado, según la CE. El gobierno finés tiene dos meses de plazo para responder a la Comisión. En caso de no responder de manera satisfactoria, la CE podrá elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.