Un año en el que se han mezclado la sorpresa inicial, la ilusión, el enfado, la satisfacción de un acuerdo tildado de exitoso, para terminar con el mayor de los desconciertos ante un incumplimiento más que flagrante, tanto de la sentencia europea como del posterior acuerdo entre el sector y HaciendaUn mismo día 27 de febrero, pero de hace un año, el Tribunal de Justicia Europeo fue tajante y declaró el IVMDH español, o anteriormente llamado céntimo sanitario, contrario a derecho. Se abrió entonces un período de incertidumbre respecto a la postura que adoptaría el Ministerio de Hacienda quien, meses más tarde, habilitaría el procedimiento para solicitar la devolución por la vía de ingresos indebidos del impuesto incorrectamente cobrado durante los años no prescritos, esto es, los años 2010-2012. GUITRANS puso en marcha su operativa interna para facilitar la gestión a las empresas asociadas, una tramitación que ha resultado complicada por los continuos cambios en el procedimiento y la poca colaboración mostrada por muchos de los proveedores de combustible.
Llegaron los últimos días de octubre y, ante la pasividad del
Ministerio que preside Montoro de devolver todo el impuesto sin minorar
el mínimo impositivo, el CNTC convocó un paro nacional de 72 horas que
comenzaría el 17 de noviembre. La medida de presión surtió efectos y el
13 de noviembre se procedía a la firma de un acuerdo que satisfacía a
las partes al fijarse fechas concretas en las que estarían abonadas las
cantidades reclamadas. Desilusionados, asistimos hoy, un año después del
dictamen del Tribunal de Justicia Europeo, a una falta de coordinación
interinstitucional entre la Agencia Tributaria Estatal y las
correspondientes haciendas forales, vascas y navarra, de la que salen
perjudicados, una vez más, los contribuyentes, por la parte que nos
toca, los transportistas. A día de hoy no sabemos cómo terminará este
culebrón, pero lo que sí tenemos claro es que la Administración, tanto
central como provincial y autonómica, deben atender cuanto antes al pago
de las reclamaciones cursadas de los ciudadanos afectados.