El pasado 21 de enero, el grupo parlamentario de CiU presentó en el Congreso de los Diputados una proposición para modificar la actual legislación de lucha contra la morosidad para su tramitación parlamentaria. En concreto esta propuesta incluye un nuevo régimen sancionador dirigido tanto a las empresas como a las entidades públicas que incurran en algunas de las infracciones previstas en dicha Proposición de Ley, estableciéndose cuantías que van desde los 6.000 euros para las infracciones leves, por ejemplo, pagar a 80 días, hasta los 900.000 euros para las infracciones muy graves, como incumplir sistemáticamente los plazos de pago en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas o prevaliéndose de su situación de dependencia económica.