El Consejo de Ministros celebrado ayer aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, presupuestos que contemplan una reducción del conjunto del gasto de los Ministerios del 8,9%, excluidas las obligaciones de ejercicios anteriores y las aportaciones al Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social y el MEDE, hasta un total de 39.722 millones de euros. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el que sufre un mayor ajuste al recortar su gasto con un 25,4%. A continuación, se sitúan el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con un recorte del 21,3%, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el 17,2%. En sentido contrario, el gasto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad experimenta un incremento del 28,6% y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aumenta el 13,7%. Además de este Proyecto de Ley, de Presupuestos, el Consejo de Ministros aprobó un Proyecto de Ley de medidas tributarias con el fin de consolidar las finanzas públicas e impulsar la actividad económica.
Una de ellas es la posibilidad de aplicar una actualización de balances a través del pago de una tasa del 5%. Otras ya se habían anunciado, como la idea de habilitar un sistema alternativo al bancario para la financiación de las empresas.
También se ha confirmado que las plusvalías de las ganancias patrimoniales generadas en menos de un año pasen de tributar en el IRPF a través de la base imponible general, en lugar de en la del ahorro como se venía haciendo últimamente y la eliminación de la deducción por compra de vivienda a partir de 2013.
En materia laboral se implementará un nuevo contrato para la formación y el aprendizaje (otro más; se reforzará la intermediación laboral, con una mayor colaboración público-privada en el ámbito de los Servicios Públicos de Empleo y se aprobará, antes de finalizar el año, la Estrategia de Empleo y Emprendimiento Joven.
Además se ha suprimido, antes de la entrada en vigor de la medida, la reducción del 1% en los gastos de Seguridad Social de las empresas, que se iba a aplicar desde el 1 de enero de 2013.