El Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco convoca ayudas por valor de 2,1 millones de euros dirigidas a la Economía Social, en concreto para la incorporación de personas socias a empresas de este ámbito, formación y asistencia técnica.
La primera de ellas busca promover la incorporación en empresas de economía social, básicamente cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, de personas que pasen a ser socias trabajadoras. Dotada con 695.000 euros, 195.000 más que en la anterior convocatoria, está dirigida a cuatro colectivos: personas desempleadas, personas trabajadoras no socias con contrato laboral por cuenta ajena en una empresa de economía social que pasen a ser socias trabajadoras; personas discapacitadas; y titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y mixtas que se incorporen a sociedades de economía social como socias.
Además, se van a destinar 970.000 euros, 150.000 más que en 2023, para la formación en Economía Social. Podrán ser actividades formativas sobre el cooperativismo o las sociedades laborales en el ámbito (pre)universitario y/o societario, en el universitario y en el de la formación profesional, así como actividades divulgativas o de investigación. En 2022 se concedieron 27 subvenciones a diferentes entidades solicitantes para este fin.
La tercera de las convocatorias es la de ayudas para la asistencia técnica en las empresas de Economía Social y está dotada con 440.000 euros. En concreto, las ayudas irán dirigidas a financiar las siguientes actividades: la elaboración e implantación de un Plan de Gestión Anual; la realización del estudio económico financiero previo para la prestación de garantías a los asociados; el asesoramiento específico en gestión comercial de las cooperativas y sociedades laborales; la contratación de servicios especializados de apoyo a la gerencia; planes de reactivación de empresas en dificultades; implantación de nuevas herramientas de transformación de las organizaciones; de herramientas para la digitalización; de acciones de mejora en materia medioambiental; y la realización del estudio financiero previo necesario para la prestación de garantías a sus entidades asociadas.
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en las respectivas convocatorias pendiente de que se publiquen en el BOPV.