El Parlamento europeo respaldó este pasado miércoles reforzar la cooperación entre Estados miembros en la investigación transfronteriza de infracciones para luchar contra la conducción imprudente en el extranjero. Una vez que el Consejo las haya aprobado, los países de la UE dispondrán de 30 meses para prepararse para su aplicación.
Aproximadamente el 40% de las infracciones de tráfico transfronterizas quedan impunes. La legislación actualiza el esquema de cooperación y ayuda mutua entre los países de la UE para localizar a los conductores extranjeros que hayan cometido una infracción de tráfico grave. Las nuevas normas obligan a las autoridades nacionales a responder sin demora a las solicitudes de otro país de la UE, a más tardar dos meses después de haber recopilado la información necesaria.
Además, a petición del Estado miembro en el que se cometió el delito, el país de residencia del infractor podrá encargarse de cobrar la multa correspondiente, siempre que el importe sea superior a 70 euros y siga sin abonarse una vez agotadas todas las opciones legales.
Más delitos
Las normas amplían la lista de infracciones de tráfico cometidas por conductores no residentes que desencadenan asistencia transfronteriza y pueden derivar en una multa. Así, se incluyen rebasar los límites de velocidad, conducir ebrio o no detenerse en un semáforo en rojo, pero también los estacionamientos peligrosos, los adelantamientos imprudentes, cruzar una línea continua y fugarse tras una colisión, entre otros delitos.
Plazos claros y veto a las entidades privadas de recaudación de deudas
El país de la UE en el que se haya cometido la infracción de tráfico dispondrá de once meses a partir de la fecha de la infracción para emitir una notificación. Esta deberá incluir el momento y las circunstancias del delito, así como información sobre el proceso de apelación.
A iniciativa de los eurodiputados, quedará prohibido recurrir a entidades privadas para asistir a las autoridades en el cobro de las multas de tráfico de los conductores extranjeros (el veto comenzará a aplicarse dos años después de que las normas se hayan trasladado a la legislación nacional).
Portal en línea
Para aumentar la transparencia y facilitar la aplicación de las nuevas normas, la Comisión debe crear un portal en línea que recoja las normas, las opciones de recurso y las multas de tráfico pertinentes, entre otras cosas.