El Consejo de Gobierno Vasco aprobó este pasado martes los proyectos de Decreto por los que se certifican el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Euskadi en las materias de ferrocarriles de cercanías, homologación y equiparación de títulos universitarios extranjeros y del sistema de acogida de los beneficiarios de protección internacional en su fase de autonomía personal. Los tres traspasos fueron acordados el pasado 11 de marzo en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma de Euskadi. Los Decretos entrarán en vigor al publicarse simultáneamente en el BOPV y en el BOE mañana, 19 de abril.
- El traspaso de trenes de cercanías supone que Euskadi gestionará los servicios de trenes de cercanías existentes en Bizkaia y Gipuzkoa. Las funciones que asume la Comunidad Autónoma del País Vasco comprenden la regulación, la planificación, la gestión, la coordinación y la inspección de los servicios transferidos, así como la potestad tarifaria sobre los mismos, los horarios y las frecuencias. El acuerdo también incluye poner en marcha un plan de inversiones en infraestructuras de ADIF para afrontar las carencias y mejorar el estado de algunas infraestructuras que inciden en la prestación de servicios de cercanías. Se estiman unas 100 actuaciones por un valor aproximado de 400 millones de euros.
- Por otra parte, la CAV también asume las funciones en relación con solicitudes de homologación o declaración de equivalencia de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero por parte de las personas que estén empadronadas en algún municipio de Euskadi. El acuerdo entrará en vigor el 1 de julio de 2024. La homologación supone que tendrán los mismos efectos que los títulos estatales de cara a habilitar para el ejercicio de la profesión titulada de que se trate.
- El tercer Decreto aprobado por el Consejo de Gobierna aborda el traspaso de funciones y servicios en materia de asistencia social en la fase de autonomía de las personas que tienen reconocida la condición de beneficiarias de protección internacional y que han solicitado la inclusión en dicho sistema. Con esta transferencia la comunidad autónoma asume la gestión del proceso de la acogida de estas personas, a las que se les acompaña en la consolidación de conocimientos y habilidades que hagan efectiva su plena inclusión en la sociedad que les acoge.