En el BOPV del pasado 23 de noviembre se publicó la Ley 11/2023, de 9 de noviembre, de movilidad sostenible de Euskadi, aprobada por el Parlamento Vasco el pasado día 9 y cuyo objetivo principal es reducir la huella de carbono. La nueva ley busca potenciar la intermodalidad en el transporte de personas, pero también en el de mercancías, a partir de una red de transporte público y de centros logísticos integrada y coordinada. Las administraciones públicas de nuestra Comunidad deberán fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril mediante la priorización del transporte ferroviario, su intermodalidad con otros medios de transporte y las plataformas intermodales, así como la inversión en infraestructuras y mejores tecnologías de comunicación.
La nueva ley incorpora novedades que incluyen derechos y obligaciones de la ciudadanía, la participación de la ciudadanía en la elaboración de las estrategias de movilidad o la obligación de los municipios de tener en cuenta el impacto en la movilidad sostenible de sus actuaciones urbanísticas.
Medidas fiscales
Su articulado recoge la opción de establecer medidas fiscales y financieras que desincentiven actividades que vayan contra la movilidad sostenible, con tasas, cánones, tributos y reducción, y abre la puerta a bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente.
La norma recoge asimismo la obligación de que los diferentes títulos de transporte que existen en Euskadi sean interoperables entre sí en el plazo de dos años desde la aprobación de la nueva norma, facilitando así la intermodalidad. Además, la ley defiende la necesidad de apostar por un sistema tarifario único e integrado en toda Euskadi.
La nueva legislación hace hincapié en fomentar la movilidad activa, a pie y en bicicleta, y plantea que los municipios deberán promoverla desde la planificación urbanística y el diseño de ciudades y pueblos, con medidas como la pacificación del tráfico y la preferencia del uso peatonal de calles, plazas y avenidas.
También incorpora la obligación de que edificios públicos y estaciones alberguen aparca bicis y que los nuevos edificios de viviendas cuenten con espacios seguros y resguardados para este medio de transporte sostenible.
La ley establece por primera vez derechos y obligaciones de la ciudadanía, entre ellos el derecho a acceder a un servicio de transporte público con independencia del lugar de residencia, y fija cauces de participación pública en el diseño de las medidas para «propiciar la movilidad respetuosa» con el medio ambiente.
Asimismo, aborda la regulación de planes de movilidad sostenible en Euskadi y en los tres territorios históricos para trabajar a lo largo de una década en esta materia, y extiende esa obligación a los municipios de más de 5.000 habitantes. Entre los planes, la nueva norma también incluye los de movilidad en los centros de trabajo.