El Plan, que se presentó en detalle el 13 de abril, guiará la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023 y movilizará en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU. El plan se enviará esta semana a Bruselas para su evaluación por parte de la Comisión Europea en un plazo máximo de dos meses.
Todo el plan está estructurado en torno a las cuatro transformaciones que el Gobierno ha situado desde mediados de 2018 en el centro de la estrategia de política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
Estos cuatro ejes se proyectan en diez políticas palanca:
Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, y desarrollo de la agricultura
Infraestructuras y ecosistemas resilientes
Transición energética justa e inclusiva
Una administración para el siglo XXI
Modernización y digitalización del tejido industrial de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora
Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud
Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades
Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
Impulso de la industria de la cultura y el deporte
Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.
Estas diez palancas se concretan en 30 componentes. El componente 6, Estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, incluye la aprobación de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte que regulará, entre otras cuestiones, la fiscalidad y la financiación del transporte; asimismo, prevé introducir un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal. Además de llevar a cabo algunos ajustes en los impuestos (con una revisión en profundidad de las múltiples exenciones y bonificaciones existentes), se pretende modernizar el sistema fiscal.
En relación con la implantación de la euroviñeta, en una entrevista concedida al periódico Heraldo de Aragón, publicada el pasado 19 de abril, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, responde a la pregunta de si pagarán los transportistas la euroviñeta en este sentido: «Hay que hacerlo con consenso, también con los transportistas. Si no llegamos a acuerdos, no podremos imponer el modelo. Está todo abierto, pero nos tenemos que plantear el tema de la financiación. Presupuestariamente, los límites que se dan a Carreteras oscilan entre 700 y 1.200 millones y con eso no hacemos nada si se tiene en cuenta el coste de la conservación. Si esto va a ser de nuevo motivo de oportunismo cuando el PP tuvo el proyecto dispuesto para el Consejo de Ministros… Hay que hacerlo con consenso, también con los transportistas. Si no llegamos a acuerdos, no podremos imponer el modelo».
Y respecto al aumento del impuesto al diésel, para equiparar su fiscalidad a la de la gasolina convencional, no es la primera vez que desde el Gobierno han prometido que esta subida no afectaría a los transportistas dados de alta en el Gasóleo Profesional. El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 contemplaba un incremento en el impuesto de hidrocarburos para el diésel de 3,8 céntimos por litro, si bien esta medida fue descartada finalmente.
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA