En el fallo dado a conocer ayer, confirma lo dictado por el TSJPV en abril de 2018. La sentencia, que es firme y contra la que no cabe recurso alguno, dictamina que «el canon de utilización de diversos tramos de las carreteras de alta capacidad, como el establecido en el Territorio Histórico de Gipuzkoa por la norma foral controvertida, que grava en mayor medida los tramos de salida y de entrada al citado territorio, así como a los vehículos pesados de más de 12 toneladas, incurre en una discriminación indirecta por razón del origen o destino de la operación de transporte, prohibida por el artículo 7.3 de la Directiva 1999/62/CE».
La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho Tribunal, abre la vía para reclamar el importe del peaje abonado e indebidamente cobrado durante 2018 y hasta mediados de mayo de 2019, así como los intereses y las sanciones que se hubieran impuesto durante este período. A la espera de conocer el procedimiento que se habilite para solicitar la devolución, es importante que las empresas afectadas recopilen las facturas de este peaje con el objeto de proceder a su reclamación cuando se establezcan los pasos a seguir para realizarla.
La Diputada Foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, se ha pronunciado declarando que «la Diputación analizará minuciosamente el veredicto del alto tribunal, pero sin dejar de cobrar a los camiones mientras tanto».
¿Qué pasa con la Norma Foral 6/2018 que regula el peaje actualmente en vigor?
El 26 de mayo de 2020 tuvimos conocimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimando también el recurso interpuesto por el CNTC. Esta sentencia declaraba nula esta segunda norma que estableció una modificación del peaje implantado y regulado en la norma de 2016, declarada nula ayer por el Tribunal Supremo. Al igual que en caso de la primera norma, está pendiente que el Alto Tribunal se pronuncie también sobre esta segunda norma, aunque tomando esta Sentencia como precedente tiene muchas posibilidades de que siga el mismo camino.
La sentencia dictada ayer, como la del TSJPV, cuestiona un sobrecoste inasumible para el sector. El peaje implantado discrimina al transporte pesado y adjudica toda la responsabilidad y la carga de la financiación de las infraestructuras al sector del transporte de mercancías por carretera. Penalizar a un sector fundamental de la economía, que ya aporta recursos vía impuestos y que tiene serios problemas de rentabilidad no hace sino precarizar aún más su situación y poner en tela de juicio su capacidad de inversión.