Y se compromete a ejecutar 5 de las 30 medidas en los primeros 100 días de Gobierno.
Entre ellas, la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes. Así se acordó por el Consejo de Ministros en su primera sesión celebrada en martes.
Compromisos para los primeros cien días
Se trata del marco regulatorio fundamental que es el que inspirará al resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la Administración:
Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.
La declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública, en todos sus niveles, frente a la emergencia climática y ambiental. Así, se incorporan medidas que integran la variable del cambio climático en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud.
Recoge también la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar «residuo cero» en el horizonte 2050. También la adopción de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.