En respuesta a la pregunta formulada desde el seno del CNTC, Emilio Sidera, Subdirector General de Ordenación y Normativa de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, y siguiendo las instrucciones del Director General de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, expone en su escrito las siguientes razones por las que España no se adhirió a dicho acuerdo firmado recientemente en París por nueve países:
«España no se opone al establecimiento de normas de protección de los derechos sociales de los trabajadores, en general, y de los conductores profesionales, en particular. No obstante, consideramos que el establecimiento de un salario mínimo u otras condiciones sociales debe realizarse de forma armonizada en todo el territorio de la UE. La aprobación unilateral por algunos Estados miembros de esta legislación nacional proteccionista supone una barrera a la libre prestación de servicios y circulación de mercancías que debe evitarse. Por tanto, se debería abordar, como parte del pilar social del paquete de carreteras, el análisis de las medidas que pudieran contribuir a la mejora de las condiciones sociales de los trabajadores del sector del transporte por carretera. Pero la reglamentación social debe ser homogénea y armonizada, y evitar que se generen cargas administrativas excesivas a las empresas que realizan transporte internacional. Consecuentemente, el Gobierno no está dispuesto a sumarse a ninguna iniciativa que, de forma explícita o indirecta, pongan en valor alguna de las actuaciones unilateralmente adoptadas por un Estado miembro, tales como las relativas a la necesidad de contar con determinados representantes o acreditar determinados extremos mediante complejos y gravosos mecanismos o que supongan limitaciones de las condiciones de prestación de los servicios. En este sentido, el Ministro de Fomento aprovechó la reunión sostenida con su homólogo francés, también el pasado día 20, para mostrarle su preocupación por la adopción de medidas unilaterales en el transporte por carretera que puedan ir en contra de la libre prestación de estos servicios en el ámbito internacional, además de reiterarle la necesidad de que se adopten las disposiciones necesarias para evitar los actos vandálicos que sufren los transportistas españoles en territorio francés».Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha procedido a registrar en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley contra el dumping social en el transporte de mercancías por carretera, para su posterior tramitación una vez sea admitida. La Proposición no de Ley plantea instar al Gobierno a llevar a cabo las siguientes actuaciones:
Adherirse a la Alianza europea por la Carretera, con el objeto de promover posiciones comunes para luchar contra el dumping social, favorecer la competencia leal y facilitar la convergencia en la aplicación de la legislación europea.
Trasponer la normativa española a la mayor brevedad la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores pertenecientes a empresas transportistas extranjeras.
Reforzar el Plan de Inspección de Transporte por Carretera, especialmente en materia de control del transporte realizado por las empresas transportistas no residentes en España, tanto en transporte internacional como de cabotaje, a fin de controlar el dumping social y la competencia desleal que sufren las empresas españolas.