Consideran que España es "una isla castigada sin esta medida de competitividad".
En la misiva que han hecho llegar a la ministra de Fomento argumentan
«que no se trata de un capricho, sino de una medida que supondría una
inyección inmediata de productividad para la economía española y que
provocaría una mayor generación de riqueza y empleo». Según las organizaciones, la medida «no exige ninguna inversión
complementaria» -se trata sólo de rentabilizar más espacio de carga- es
voluntaria y su aplicación permitiría reducir las emisiones de CO2 en
más de 100.000 toneladas al año. Las organizaciones que están detrás de la petición al Gobierno, además de la CEOE de Madrid son las siguiente:
ACES (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados)
Aecoc (Asociación de Fabricantes y Distribuidores)
Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución)
AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos)
Ascer (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y pavimentos de Productos Cerámicos)
Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados)
Aspapel (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón)
CEIM-CEOE (Confederación Empresarial Independiente de Madrid)
Cepco (Conf. Española de Asoc. de Fabricantes de Productos de Construcción)
Feigue (Federación Empresarial de la Industria Química Española)
FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
Hispalyt (Asociación Española de Fabricantes de Productos Cerámicos)
Unesid (Unión de empresas Siderúrgicas)
UNO (Organización empresarial de Logística y Transporte).