El Pleno del Congreso de los Diputados debatió ayer la proposición de ley de modificación de la actual legislación de lucha contra la morosidad, en la que se establece un nuevo régimen sancionador dirigido tanto a las empresas como a las entidades públicas que incumplan los plazos máximos de pagos legalmente establecidos. La mayoría del Partido Popular rechazó la proposición de ley de Convergencia i Unió para introducir un cuadro de sanciones en la Ley de Morosidad que penalice el incumplimiento de los lazos de pago a proveedores.
La proposición del grupo catalán plantea incorporar a la Ley de
Morosidad un título adicional que regule de forma expresa las
infracciones y las sanciones por el incumplimiento de las condiciones y
plazos de pago a proveedores. Infracciones que el texto debatido ayer
divide en leves, graves y muy graves, para las que se fijan sanciones de
entre 30.001 a 900.000 euros para las infracciones muy graves, de entre
6.000 a 30.000 euros para las graves y de hasta 6.000 euros para las
calificadas como leves.