La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La normativa contempla un cambio en las velocidades máximas y mínimas autorizadas para la circulación de vehículos, alcanzando los 130 kilómetros por hora en algunos tramos de carreteras, así como las sanciones económicas ante una previsible infracción. Eso sí, en el texto que se está tramitando no especifica cómo se fijarán estos límites y se remite al Reglamento General de Circulación posterior que desarrolle esta ley. Los lugares con prohibiciones u obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente, o temporal en su caso.
Además, en este proyecto de ley se fomenta la
«tolerancia cero» al consumo de drogas y fija una
sanción de 1.000 euros por conducir duplicando la tasa de alcohol, a los que se nieguen a realizar la prueba o sean reincidentes. El texto
también prohíbe los detectores de radar (no los avisadores,
que continuarán siendo legales), crea la Conferencia Sectorial de
Tráfico y Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, que reunirá a las
comunidades que hayan asumido las competencias de tráfico con el
Gobierno español y refuerzan las labores de control y supervisión a las
autoescuelas y centros de reconocimiento médicos. Otro de los acuerdos alcanzados fue que el color de la señal luminosa de
todos los vehículos prioritarios, como las ambulancias, sea azul y no
amarillo, ya que este color va asociado a vehículos lentos. Eso sí, se
acordó que esta modalidad se recogiera en el nuevo Reglamento General de
Circulación, que desarrollará la ley tras su aprobación definitiva. Matriculación de vehículosSe propone también que deberán ser objeto de matriculación
definitiva en España los vehículos con matrícula extranjera que se
utilizan en España por residentes del país, ya que no figuran en el
Registro de Vehículos actualmente. A su vez se ha agregado al articulado de la ley la prohibición de
dar de baja definitiva por traslado a otro país a vehículos que no
cumplan los requisitos de seguridad y medioambientales que se
establezcan reglamentariamente.