El Gobierno reducirá e incluso suprimirá algunas de las tasas judiciales, según ha adelantado el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón en el Congreso, atendiendo así a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. En concreto, se introducirán «modulaciones a la baja» en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.