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Una web de la UE facilita la resolución de litigios sobre compras de bienes y servicios a través de internet

El pasado día 15 de febrero entró en funcionamiento la plataforma web de resolución de litigios de consumo en línea para toda la Unión Europea. Se trata del sitio interactivo y multilingüe (Plataforma ODR, Online Dispute Resolution) que proporciona de manera gratuita un punto único de acceso a personas consumidoras y empresas para informarles de la resolución extrajudicial de litigios derivados de contratos de compraventa o prestación de servicios a través de la red.

Conducción en equipo: Francia está sancionando desde primeros de marzo por no realizar la pausa de 45 minutos con el camión parado

Un cambio interpretativo unilateral por el cual las pausas deben
realizarse con el
selector de actividad en la posición descanso, que los gendarmes franceses están aplicando con
efectos desde el pasado 2 de marzo, y que es justificado en la
modificación del
Reglamento de tacógrafo 165/2014. En el caso de doble conducción, si la
pausa no se realiza con el vehículo parado, el tacógrafo del acompañante
no señala descanso, sino disponibilidad, la nueva interpretación
pretende que esa pausa no sea válida.

Bajada de tarifas túnel Maurice-Lemaire

Según informa la asociación francesa OTRE, como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo por el gobierno local y la sociedad de autopistas APRR, las tarifas del túnel Maurice-Lemaire han sido  revisadas a la baja. Especialmente, para los vehículos de primera clase (disminución del precio del 25%). Para los vehículos de la clase 4, la bajada es del 57%.

El Comité Económico y Social Europeo considera que existe una urgente necesidad de actuar a escala de la UE para luchar contra el dumping social

En el presente dictamen exploratorio, que trata sobre el dumping social y el cabotaje en el transporte de mercancías por carretera, se concluye que las normas de acceso al mercado en el sector del transporte por carretera, incluido el cabotaje, son poco claras y complejas y se interpretan y aplican de modo diferente en los distintos Estados miembros, creando inseguridad jurídica a todos los implicados y hace difícil comprobar su cumplimiento, siendo bajo el índice de controles, tanto en carretera como en las instalaciones de las empresas.