Objetivo 3: Avanzar hacia una transición energética favorable para el medio ambiente, para garantizar una vida saludable y promover el bienestar de la ciudadanía en todas sus edades, reduciendo nuestra huella de carbono y nuestra repercusión sobre el medio ambiente.
Objetivo 8: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y un trabajo digno para todos, en aras de cumplir con los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional por nuestro país.
Objetivo 9: Apoyar el desarrollo de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible y el fomento de la innovación, con el objetivo de influir positivamente en los cambios que se sucederán en los próximos años en materia de las tecnologías energéticas.
Asimismo, consideran que:
Que la movilidad de personas y mercancías es un derecho que no se debe restringir, sacrificar ni comprometer para no perjudicar la cohesión territorial y el desarrollo armónico y la prosperidad de las sociedades.
Que es vital contar con sistemas e infraestructuras de transporte eficaces y eficientes para el crecimiento económico, la creación de empleo y la calidad de vida diaria de la población, incluyendo en ello un tejido empresarial capaz de enfrentar los retos medioambientales, tecnológicos y competitivos en un contexto global.
Que ninguna iniciativa y medida amparada en la necesaria transición energética se debe utilizar para vulnerar la libre y ordenada competencia y suponer distorsiones no justificadas en el reparto y competencia modal ni en la competitividad de nuestra economía.
Que la transición hacia un modelo de movilidad sostenible y de bajas emisiones en el transporte debe permitir que los operadores alcancen los objetivos de la forma más eficiente y ordenada posible, con plazos suficientes para adoptar sus decisiones de inversión, y se desarrollen normativas de carácter armonizador que contemplen soluciones homogéneas donde prevalezca el principio de neutralidad tecnológica para la adopción de políticas y medidas destinadas a la movilidad sostenible.
Que las estrategias en materia de movilidad y otras iniciativas de interés que afecten a la misma deben buscar la unidad de mercado , estar coordinadas a todos los niveles y consensuadas con los agentes sociales, diseñarse con calendarios realistas y asumibles y tras haber realizado previamente estudios de impacto que las avalen, contando siempre con el pertinente estudio coste/beneficio que pueda ser entendido y evaluado por la sociedad en general y por el sector y sus representantes en particular.
Que el esfuerzo a realizar en la transición energética debe ser compartido por todos los agentes que hacen posible nuestro actual modelo de sociedad sin ningún tipo de discriminación fiscal o regulatoria por razones de conveniencia política o de reparto modal.