Esta Guía interactiva acompaña a las organizaciones en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a corto y largo plazo, a través de la metodología del SDG Compass. Además permite a las entidades identificar qué objetivos están alineados con su núcleo de negocio y empezar a comunicar sus buenas prácticas.

Se establecen cinco pasos: conocer, definir prioridades, establecer objetivos, integrar y reportar.

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Ante la cumbre de la ONU sobre cambio climático que se está celebrando
en Madrid hasta el 13 de diciembre, el Parlamento ha adoptado una
resolución en la que declara una emergencia climática y medioambiental
en Europa y a nivel global. El texto también pide a la Comisión Europea
que garantice que todas sus propuestas legislativas y presupuestarias
tienen en cuenta el objetivo de limitar el calentamiento global a un
máximo de 1,5°C.En una segunda resolución, la Cámara insta a la UE a presentar su estrategia para lograr la neutralidad de las emisiones tan pronto como sea posible, y para 2050 a más tardar, a la Convención de la ONU sobre cambio climático. Los eurodiputados también piden a la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que incluya un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 55% para 2030 en el Pacto Verde europeo.

Igualmente hacen un llamamiento urgente a todos los países de la UE para que eliminen progresivamente todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles para 2020.

Objetivo 3: Avanzar hacia una transición energética favorable para el medio ambiente, para garantizar una vida saludable y promover el bienestar de la ciudadanía en todas sus edades, reduciendo nuestra huella de carbono y nuestra repercusión sobre el medio ambiente. 
Objetivo 8: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y un trabajo digno para todos, en aras de cumplir con los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional por nuestro país.
Objetivo 9: Apoyar el desarrollo de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible y el fomento de la innovación, con el objetivo de influir positivamente en los cambios que se sucederán en los próximos años en materia de las tecnologías energéticas.

Asimismo, consideran que:

Que la movilidad de personas y mercancías es un derecho que no se debe restringir, sacrificar ni comprometer para no perjudicar la cohesión territorial y el desarrollo armónico y la prosperidad de las sociedades.
Que es vital contar con sistemas e infraestructuras de transporte eficaces y eficientes para el crecimiento económico, la creación de empleo y la calidad de vida diaria de la población, incluyendo en ello un tejido empresarial capaz de enfrentar los retos medioambientales, tecnológicos y competitivos en un contexto global.
Que ninguna iniciativa y medida amparada en la necesaria transición energética se debe utilizar para vulnerar la libre y ordenada competencia y suponer distorsiones no justificadas en el reparto y competencia modal ni en la competitividad de nuestra economía.
Que la transición hacia un modelo de movilidad sostenible y de bajas emisiones en el transporte debe permitir que los operadores alcancen los objetivos de la forma más eficiente y ordenada posible, con plazos suficientes para adoptar sus decisiones de inversión, y se desarrollen normativas de carácter armonizador que contemplen soluciones homogéneas donde prevalezca el principio de neutralidad tecnológica para la adopción de políticas y medidas destinadas a la movilidad sostenible.
Que las estrategias en materia de movilidad y otras iniciativas de interés que afecten a la misma deben buscar la unidad de mercado , estar  coordinadas a todos los niveles y consensuadas con los agentes sociales, diseñarse  con calendarios realistas y asumibles y tras haber realizado previamente estudios de impacto que las avalen, contando  siempre con el pertinente estudio coste/beneficio que pueda ser entendido y evaluado por la sociedad en general y por el sector y sus representantes en particular.
Que el esfuerzo a realizar en la transición energética debe ser compartido por todos los agentes que hacen posible nuestro actual modelo de sociedad sin ningún tipo de discriminación fiscal o regulatoria por razones de conveniencia política o de reparto modal.