Recientemente el sector se congratulaba de que en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, enviado recientemente por el Gobierno al Congreso de los Diputados, no incluía la temida medida, a diferencia de su Anteproyecto de Ley que sí contemplaba el aumento a partir de 2021 del tonelaje de los camiones, pasando de las actuales 40 toneladas de masa máxima permitida a las 44 toneladas. Sin embargo, entre las 21 medidas que engrosan el borrador del Plan de apoyo al sector de la automoción, presentado este pasado lunes por el Presidente del Gobierno central, está la dirigida a «Impulsar la mejora de la eficiencia del transporte mediante la utilización de camiones de 4,5 m de altura y 44 toneladas, tipología que supone mayor carga por viaje, reduciendo además las emisiones contaminantes y de CO2», estableciendo como horizonte temporal en su implementación el mes de mayo de 2021.

¿Se merece este trato el sector? Las razones que sirvieron para no incluir la controvertida medida en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética deberían haber sido las mismas para no incluirla en el citado plan, sobre todo si tenemos en cuenta que aquel se remitió al Congreso a mediados de mayo… ¿improvisación o estrategia? Lo cierto es que el sector se siente indefenso, muchos frentes tiene abiertos y la Administración mira hacia otro lado. ¡Menos mal que somos héroes! Lamentable.

Contenido del borrador del Plan

Las medidas de este Plan se articulan en torno a cinco grandes pilares:

Renovación del parque de vehículos hacia otro más moderno y eficiente

Inversiones y reformas normativas para impulsar la competitividad y la sostenibilidad

Investigación, desarrollo e innovación para los nuevos retos

Fiscalidad para impulsar la competitividad del sector

Medidas en el ámbito de la formación y cualificación profesional

Estos cinco pilares se componen a su vez de 21 medidas de tipo económico, fiscal, normativo, logística, competitividad, formación y cualificación profesional, compra pública sostenible y planificación estratégica. Cuenta con un presupuesto total de 3.750 millones de euros, donde se movilizarán 1.535 millones de euros desde 2020 y otros 2.215 millones de euros entre los años 2021 y siguientes:

Renovación del parque

El Plan incluye medidas para la renovación del parque de vehículos por importe de 450 millones de euros. Así, se pone en marcha la edición 2020 del Programa de impulso a la movilidad eléctrica y sostenible (Plan MOVES) dotado con 100 millones de euros, y publicado en el BOE de 17 de junio a través del Real Decreto 569/2020. Se trata de un plan orientado a la adquisición de vehículos de energías alternativas (incluyendo vehículos eléctricos y vehículos de transporte pesado de mercancías con gas natural), al despliegue de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, a sistemas de bicicleta eléctrica compartida, y a medidas para una movilidad eficiente.

Por otro lado, contempla también el Programa de renovación del parque, dotado con 250 millones de euros. Esta medida tiene como objetivo la sustitución de los vehículos más antiguos por modelos más limpios y más seguros, mediante un programa de renovación que incorpora criterios ambientales. Aplicando el criterio de neutralidad tecnológica, este programa incentiva la sustitución de vehículos contaminantes en circulación por vehículos cero o de bajas emisiones. El programa se aplicará tanto a turismos y vehículos comerciales ligeros, como a vehículos industriales pesados y autobuses.

El programa contempla también una línea de avales ICO-COVID para la financiación de la renovación de la flota de vehículos para uso profesional que está dirigido a autónomos y empresas, y facilitará la renovación de los vehículos comerciales e industriales, incluyendo autobuses y autocares con avales de hasta el 80%.

Se mantiene la obligación de llevar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre, en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros, en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. Esta obligación no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

Las medidas de prevención e higiene, como la obligatoriedad de utilizar mascarillas siempre que no se garantice la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros, continuarán vigentes en el periodo de nueva normalidad. El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas se considera infracción leve y será sancionado con multa de hasta 100 euros.

También se contempla la adopción de medidas de prevención e higiene en el entorno de trabajo, tales como la ordenación de los puestos de trabajo, la organización de los turnos para evitar aglomeraciones, la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible. 

El Real Decreto-ley incorpora también las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos y otros productos sanitarios necesarios para la protección de la salud.