Como bien se recordará, esta sentencia deja sin efecto todos los pagos realizados por los transportistas durante la vigencia de esa norma, entre el 9 de enero de 2018 y el 14 de mayo de 2019, pudiendo solicitarse el reembolso con intereses.
Puede acceder al contenido íntegro de la nota de prensa pinchando aquí.
Un equipo de científicos del Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ha creado un tipo de pavimento para carreteras que daría una segunda vida a las mascarillas que tiramos cada día. Este equipo australiano ha encontrado una fórmula para mezclar las mascarillas quirúrgicas trituradas con escombros procesados de la construcción y así crear un nuevo material que, aseguran, cumple todos los estándares de seguridad de la ingeniería civil.
¿Cómo realizar el pago?
Exenciones
Mapa de la zona.
1. Una nueva Línea Covid de ayudas directas (7.000 millones de euros) para empresas no financieras y autónomos (empresarios y profesionales) más afectados por la pandemia que cumplan los siguientes requisitos:
Sede social en territorio español;
Caída de volumen de operaciones anual en 2020 de un 30% como mínimo con respecto a 2019;
Inclusión de su actividad en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 09 previstos en el anexo I del RDL (en total, 95 actividades entre las que no se encuentra el transporte de mercancías por carretera, en cambio, sí se podrán beneficiar el transporte de viajeros en autobús, taxis, arrendamiento con conductor (VTC) y las actividades anexas al transporte terrestre -agencias intermediarias, almacenistas y operadores logísticos, entre otros).
Devengo entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 de obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como costes fijos incurridos, procedentes de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
Límites de la cuantía de las ayudas directas:
Para los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF: 3.000 euros como máximo.
Para los empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el IVA o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30% en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda será:
.- Para empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el IRPF, y para las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados: el 40% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%..- Para entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados: el 20% del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%.
2. Una Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID (3.000 millones de euros), para permitir la conversión de parte del aval público en transferencias a las empresas y autónomos más afectados por la crisis que cumplan con los requisitos establecidos por Acuerdo de Consejo de Ministros, dentro de un acuerdo alcanzado con las entidades financieras acreedoras.
Asimismo, introduce un Código de Buenas Prácticas, cuyo contenido se aprobará mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, que podrá ser suscrito por las entidades financieras para facilitar una adecuada respuesta del sector financiero ante la excepcional situación económica, para reforzar la solvencia empresarial y garantizar la liquidez de cara al futuro.
3. Un nuevo Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID dirigido a reforzar los balances de empresas que eran viables en diciembre de 2019, pero que se enfrentan a problemas de solvencia por la pandemia. Este fondo está dotado con 1.000 millones de euros y será gestionado por COFIDES, empresa con capital público-privado. Las ayudas se realizarán en forma de instrumentos financieros, como préstamos ordinarios, préstamos participativos, capital u otros a empresas que atraviesen dificultades temporales y que no puedan acceder a las ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado por SEPI, que tiene un importe mínimo de aportación de 25 millones de euros.
Condiciones para acceder tanto a las ayudas directas como a las financieras
En el momento de presentación de la solicitud:
No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
Los destinatarios de las medidas se comprometen a:
Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.
No repartir dividendos durante 2021 y 2022.
No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de 2 años desde aplicación de alguna de las medidas.
5. Extiende hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales. Además, se mantienen las mejoras de agilidad en el proceso concursal, mientras se completa la modernización del régimen concursal español en el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).
6. Amplía de 3 a 4 meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora.
El Decreto publicado está referido al primer tramo de 250 millones de euros de la nueva línea de financiación de 500 millones para facilitar liquidez a las pymes y autónomos, y será instrumentada por ELKARGI SGR. Las solicitudes se pueden empezar a tramitar a partir del 16 de marzo.
Esta iniciativa mejora, además, las condiciones del anterior programa de financiación, puesto en marcha en abril y mayo de 2020, ya que se incluyen variaciones con respecto al periodo de carencia y amortización de los préstamos, que pasan a ser 2 años de carencia opcional y 6 de amortización, frente al año de carencia y 4 de amortización anteriores. Una de las novedades fundamentales de esta nueva convocatoria es que de este primer tramo se garantizan mínimo 150 millones de euros para préstamos de entre 5.000 y 25.000 euros, con un análisis más ágil, para las pequeñas empresas y personas empresarias autónomas encuadradas en los sectores más castigados por la pandemia causada por la COVID-19. Además, incluye la posibilidad de novar a solicitud de las personas y empresas interesadas los préstamos formalizados al amparo del programa de financiación puesto en marcha en abril y mayo de 2020, para adecuarlos a las condiciones de la nueva línea de financiación.
Esta herramienta de apoyo financiero instrumentalizada a través de ELKARGI SGR, pretende dar cobertura a los gastos fijos de estructura de las empresas citadas y personas autónomas, tomando consideración su importancia en el tejido empresarial, sus implicaciones en el conjunto de la actividad productiva y su menor capacidad relativa de acceso a los mercados de financiación mayorista o a las líneas tradicionales de las entidades de crédito.
Beneficiarios
a) PYMEs de la CAV que cumplan los siguientes requisitos:
Que empleen a menos de 250 personas.
Que su volumen de negocio anual no supere los 50 millones de euros, o bien, que su balance general anual no rebase los 43 millones de euros.
Que no se halle participada directa o indirectamente en un 25%, o más, por otra empresa, o conjuntamente por varias de ellas, que no reúna alguno de los requisitos anteriormente expuestos.
b) Personas empresarias individuales (micropymes) y profesionales autónomas de la CAV:
Que se encuentren de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos de la Seguridad Social.
Que obtengan rendimientos de actividades económicas o profesionales sujetas al IRPF.
Condiciones
Los préstamos tendrán un Euribor más un diferencial del 0,75%, subvencionado al 100% por el Gobierno Vasco.
Además, las empresas o personas que se acojan a los mismos podrán cancelar o amortizar anticipadamente sin coste alguno.
Cuantía
a) Entre 5.000 euros y 1.000.000 euros para pequeñas y medianas empresas.
b) Entre 5.000 euros y 100.000 euros para personas empresarias individuales y profesionales autónomas.
Los préstamos están avalados al 100% por Elkargi, con una comisión de formalización y comisión de estudio: 0.25%. Comisión de aval, 0.75% (subvencionado al 50% por la CAE).
Entre las nuevas medidas aprobadas, el Decreto incluirá además las condiciones de novación de los préstamos formalizados en la anterior línea de financiación de 1.000 millones de euros, puesta en marcha entre abril y mayo de 2020, para adecuarlas a las condiciones financieras de la nueva línea de financiación.
Entidades financieras colaboradoras
Bancos:
Kutxabank, S.A.
Banco Sabadell, S.A.
Bankinter, S.A.
Banco Santander, S.A.
Bankoa, S.A.
Bbva, S.A.
Caixabank, S.A.
Abanca, S.A.
Arquia Bank, S.A.
Fiare Banca Ética
Bankia, S.A.
Cooperativas de Crédito:
Caja Laboral Popular, S.C.C.
Caja Rural de Navarra, S.C.C.
Instituto Vasco de Finanzas.
Todas las solicitudes deberán canalizarse a través de: www.elkargionline.com.
El dispositivo para vehículos con un peso total admisible de, como máximo, 3,5 toneladas lanzado por SOLRED es válido para el pago de peajes en Francia y parkings con indicativo Liber-t, y una «t» en color naranja (unos 300 aparcamientos en ciudades, estaciones de tren y aeropuertos). No es válido para los túneles de Frejús y Montblanc. El sistema de peaje está estructurado de forma análoga al sistema de peaje TIS PL en Francia y se basa en la tecnología de microondas (DSRC).
Si está interesado en conocer las condiciones para su tramitación (comisión sobre consumos, cuota anual, gastos por devolución…) así como la documentación exigida para su obtención, puede ponerse en contacto con el Departamento de Tarjetas y Dispositivos de peaje (943-316707, ext. 3, Enara).
En el fallo dado a conocer ayer, confirma lo dictado por el TSJPV en abril de 2018. La sentencia, que es firme y contra la que no cabe recurso alguno, dictamina que «el canon de utilización de diversos tramos de las carreteras de alta capacidad, como el establecido en el Territorio Histórico de Gipuzkoa por la norma foral controvertida, que grava en mayor medida los tramos de salida y de entrada al citado territorio, así como a los vehículos pesados de más de 12 toneladas, incurre en una discriminación indirecta por razón del origen o destino de la operación de transporte, prohibida por el artículo 7.3 de la Directiva 1999/62/CE».
La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho Tribunal, abre la vía para reclamar el importe del peaje abonado e indebidamente cobrado durante 2018 y hasta mediados de mayo de 2019, así como los intereses y las sanciones que se hubieran impuesto durante este período. A la espera de conocer el procedimiento que se habilite para solicitar la devolución, es importante que las empresas afectadas recopilen las facturas de este peaje con el objeto de proceder a su reclamación cuando se establezcan los pasos a seguir para realizarla.
La Diputada Foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, se ha pronunciado declarando que «la Diputación analizará minuciosamente el veredicto del alto tribunal, pero sin dejar de cobrar a los camiones mientras tanto».
¿Qué pasa con la Norma Foral 6/2018 que regula el peaje actualmente en vigor?
El 26 de mayo de 2020 tuvimos conocimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimando también el recurso interpuesto por el CNTC. Esta sentencia declaraba nula esta segunda norma que estableció una modificación del peaje implantado y regulado en la norma de 2016, declarada nula ayer por el Tribunal Supremo. Al igual que en caso de la primera norma, está pendiente que el Alto Tribunal se pronuncie también sobre esta segunda norma, aunque tomando esta Sentencia como precedente tiene muchas posibilidades de que siga el mismo camino.
La sentencia dictada ayer, como la del TSJPV, cuestiona un sobrecoste inasumible para el sector. El peaje implantado discrimina al transporte pesado y adjudica toda la responsabilidad y la carga de la financiación de las infraestructuras al sector del transporte de mercancías por carretera. Penalizar a un sector fundamental de la economía, que ya aporta recursos vía impuestos y que tiene serios problemas de rentabilidad no hace sino precarizar aún más su situación y poner en tela de juicio su capacidad de inversión.
Por lo que respecta al resto de documentos competencia de esta Dirección General, se ha notificado a la Comisión Europea que:
En relación con el Reglamento (UE) 165/2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, no se aplicará lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 4 del Reglamento (UE) 2021/267.
En relación con el Reglamento (UE) 1072/2009, relativo al acceso al mercado del transporte internacional de mercancías, no se aplicará lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 7 del Reglamento (UE) 2021/267.
Adicionalmente, se ha trasladado la posición sobre el resto de asuntos en el sentido siguiente:
En relación con la Directiva 2006/126/CE, relativa a los permisos de
conducción, no se aplicará lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3
del Reglamento (UE) 2021/267.
En relación con la Directiva 2014/45/UE, relativa a las inspecciones
técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques, no se
aplicará lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Reglamento (UE)
2021/267.
Les mantendremos informados una vez se publique en el DOUE la notificación comunicada por el Gobierno español.
En breve se sumarán: el aviso y pago de sanciones, la identificación del conductor, la anotación de un conductor habitual y una mejora de usabilidad que simplifica el acceso a la aplicación.Además, a lo largo de 2021 está previsto que se incluya también el acceso a la cita previa o la realización de trámites sencillos, que ya se encuentran disponibles en la sede electrónica de la DGT, como pueden ser la consulta de notas de examen, la baja temporal de vehículos o solicitar duplicados de la documentación física, entre otros.
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Este pasado lunes, 22 de febrero, se publicó en el DOUE el Reglamento (UE) 2021/267, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia de la persistencia de la crisis de la COVID-19, relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, al aplazamiento de determinados controles periódicos. España deberá pronunciarse sobre su aplicabilidad total o parcial antes del próximo 3 de marzo.
El 27/05/2020 se publicó un primer Reglamento Ómnibus que ya permitió a los estados miembros establecer medidas relativas a la renovación y prórroga del período de validez de determinados certificados, permisos, licencias.
Como en esa ocasión, el Reglamento publicado deja los estados miembros la aplicación de todas las ampliaciones del plazo de validez de los siguientes documentos que caduquen o hubieran caducado entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021: CAP, permisos de conducir, inspecciones periódicas, renovación tarjeta de conductor y licencias comunitarias (no se incluyen las autorizaciones ADR).
El Estado miembro deberá informar a la Comisión de su decisión a más tardar el 3 de marzo de 2021. La Comisión informará de ello a los demás Estados miembros y publicará un anuncio en el DOUE. El Estado miembro que haya decidido no aplicar las medidas deberá respetar las excepciones de los países que sí se hayan acogido.