El artículo 23-C  establece que las operaciones de carga y descarga deben ser realizadas, respectivamente por el expedidor o el destinatario, debiendo recurrir en todo caso a trabajadores formados que no sean conductores.En los casos en que la operación de carga o descarga sea responsabilidad del transportista por haberlo establecido de forma expresa en el contrato, éste deberá recurrir para su realización a trabajadores formados que no sean conductores.

Tan solo podrán realizar la carga y descarga los conductores en los siguientes casos:

Distribución de mercancías de almacenes a tiendas, mudanzas y puerta a puerta.
Transporte de combustibles, graneles y porta automóviles, sin perjuicio de las disposiciones especiales para mercancías peligrosas.

Esta norma ee aplicará a todas las cargas y descargas realizadas en Portugal, independientemente de la nacionalidad de la empresa de transportes o del conductor.

La infracción de la disposición que establece esta prohibición constituye una infracción muy grave.

A finales de este año España podría acceder a 10.000 millones de euros más, pero el proceso esta vez será diferente. La Comisión analizará los objetivos logrados y entonces entregará el dinero. Los países podrán pedir desembolsos dos veces al año. España volvería a recibir fondos europeos a mediados de 2022. Esta partida estaría vinculada en gran medida a reformas vinculadas al ámbito laboral y que aun están en negociación a nivel nacional. Se trataría de casi 14.000 millones de euros. En caso de que no se cumpliesen todos los objetivos para desbloquear el dinero, se podría realizar un desembolso parcial. 

El plan español prevé dedicar el 40% de los fondos a la transformación verde (el mínimo de la Comisión era de un 37%) y el 28% a la transición digital (el mínimo era un 20%).