A partir de ese momento, será la Seguridad Social la que envíe a las
empresas la liquidación de los seguros sociales y éstas tendrán que
confirmar los datos para proceder a su pago. Se sustituye el sistema de
autoliquidación utilizado en el Sistema RED en que la empresa
autoliquida la cuota total de todos sus trabajadores y el importe a
liquidar (TC1), por un sistema de facturación en el que la TGSS calcula
la cuota de las cotizaciones sociales de cada trabajador y el total de
liquidación a partir de la información de que dispone (afiliación,
contratos de trabajo -SEPE-, INSS, Mutuas de Accidente).La empresa deberá solicitar a la Seguridad Social, entre los días
primero y penúltimo del plazo reglamentario de ingreso, el cálculo de la
liquidación correspondiente. La Seguridad Social facturará las cuotas
entre los días 24 y 28, si bien la empresa podrá solicitar que la
facturación se realice antes. La TGSS emitirá un borrador de la factura y
la enviará a la empresa para su revisión.Una vez recibido el
borrador se deberá comprobar que los datos que figuran en la factura y
que sirven para el cálculo de la liquidación son correctos. En caso de
detectarse errores se deberán comunicar a la Seguridad Social para que
realice la liquidación de manera correcta. En vistas de esto conviene no
esperar a los últimos días del plazo de emisión de la factura para
poder realizar la revisión y aplicar las correcciones, si las hubiera.Los
datos utilizados por la Seguridad Social para realizar la liquidación
serán aquellos que aporten las empresas en lo que se refiere a las bases
de cotización, horas extra, etc. Estos datos los envía la empresa en el
fichero CRA, donde aparecerán todos los conceptos retributivos abonados
por la empresa a sus trabajadores.Una vez confirmada que la
factura emitida es correcta se procederá al pago de la misma. Dicho pago
se podrá realizar mediante domiciliación bancaria o pago electrónico.Más información: www.sistemacreta.es

La disposición final segunda modifica el régimen jurídico del sistema de protección de los trabajadores autónomos frente al cese de actividad, regulado en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, al objeto de suavizar los requisitos y formalidades que en la actualidad se exigen y que impiden en la práctica el legítimo disfrute del derecho, así como para ampliar su ámbito a beneficiarios excluidos del mismo y que sin embargo se encuentran en la situación de necesidad.Simultáneamente se elimina la obligación de proteger las contingencias profesionales para acceder a la protección, porque supone una carga económica para el autónomo que no guarda relación financiera ni material con el sistema de protección por cese de actividad; serán las normas del Régimen Especial correspondiente las que regulen el carácter voluntario u obligatorio de la protección frente a las contingencias profesionales según aconsejen las características y riesgos de la actividad.Se mantiene el carácter voluntario de acceso al sistema de protección. No obstante, la disposición adicional segunda establece que en el plazo de cinco años el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un estudio sobre la evolución de los principales parámetros que configuran el sistema de protección para, en función de sus resultados, valorar la conveniencia de convertirlo en obligatorio o mantener su carácter voluntario, así como para valorar su régimen financiero. Se trata de una medida prudente como exige la toma de decisiones de la indicada naturaleza, que deben basarse en estrictos motivos financieros y debidamente justificados. En la misma línea se modifica el sistema de financiación y en orden a dotarlo de seguridad jurídica, objetividad y transparencia, se establece una fórmula matemática que se aplicará para adaptar el tipo de cotización según sus necesidades financieras, situándolo entre un mínimo del 2,2? y un máximo del 4%, que no se podrá rebasar.
En cuanto a las modificaciones de carácter sustantivo, se reduce el
excesivo nivel de pérdidas que en la actualidad se exige al autónomo
para incurrir en la situación de necesidad, entre el 20 y el 30% de los ingresos, para situar el requisito en el 10%. La
situación de pérdidas a la que se refiere la letra a) 1.º) del
apartado 1 del artículo 5 de la ley mencionada, se acreditará mediante
la entrega de la documentación contable, de la forma que se determine
reglamentariamente en atención a las distintas obligaciones de
mantenimiento de registros contables o fiscales de los autónomos, así
como de las declaraciones del IVA, IRPF y demás documentos preceptivos.Asimismo se amplía la cobertura a los autónomos que por las
características de su actividad se asimilan a los trabajadores
económicamente dependientes, pero que carecen de la calificación legal
por ausencia de las formalidades establecidas al efecto.