Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores
Laborales, cuando realicen las visitas a los centros de trabajo o
realicen las pertinentes comprobaciones por comparecencia en
dependencias públicas, extenderán diligencia en el modelo previsto en
el anexo de la Orden. Podrán utilizarse los medios electrónicos para su
elaboración.
Se extenderá una diligencia por cada visita o comprobación,
reflejando las materias o aspectos examinados y demás incidencias
concurrentes. Una copia de dicha diligencia se remitirá o entregará a
la empresa, otra copia de la misma, si procede, a los delegados de
prevención y otra quedará en poder del funcionario actuante, para su
posterior archivo.
En aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial, el modelo de diligencia se confeccionará en versión bilingüe.
Cada ejemplar de diligencia entregado o remitido a la empresa,
deberá ser conservado a disposición de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social durante un plazo de cinco años, a contar desde la
fecha de expedición de cada uno de ellos.
También deberán conservarse a disposición de la Inspección los
Libros de Visitas así como los modelos de diligencia extendidos con
anterioridad a la entrada en vigor de la Orden (recuérdese: 13 de
septiembre de 2016), por un período de cinco años, a contar desde la
fecha de la última diligencia realizada. Durante dicho período, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social conservará las diligencias
efectuadas en los Libros de Visitas Electrónicos.

Así, es posible desde hace unas semanas tramitar una autorización específica, que se diferencia de la genérica por llevar coche piloto, para todo el conjunto de la CAV (Euskadi-Euskadi), es decir, no es preciso comunicar el itinerario que se vaya a utilizar puesto que el permiso es válido para toda la comunidad autónoma. Las medidas máximas permitidas para tramitar este tipo de permisos son las siguientes:

Longitud: hasta 35 metros
Anchura: hasta 4,5 metros
Altura: hasta 4,5 metros
Masa: hasta 75 toneladas.
Además, el plazo de validez de estos permisos aumenta de 1 a 2 años.

Las personas físicas estaban ya exentas de su pago. Las tasas no son
exigibles desde la fecha de publicación en el BOE de la sentencia del
Pleno del Tribunal Constitucional, el pasado 15 de agosto de 2016.El viernes 29 de julio de 2016 se hizo pública la esperada sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional (Sentencia de 21 Jul. 2016) que resolvía el recurso interpuesto por el presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley
10/2012, de 20 de noviembre. Recordamos que las tasas eran exigibles en el
orden civil, contencioso y social, ya que tan solo la jurisdicción penal
estaba exenta (además de los procedimientos que regula la Ley Orgánica
5/2012, de 12 de enero, de Protección Jurídica del Menor).En concreto, el Tribunal anula los incisos del art. 7.1 de la ley que prevén las
siguientes cuotas fijas: 1) la de 200 euros para interponer el recurso contencioso administrativo
abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contencioso administrativo
ordinario; 2) la de 800 euros para promover recurso de apelación y de 1.200
euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el orden
civil;3) la de 800 euros para el recurso de apelación y 1.200 euros para el recurso de
casación en cualquiera de sus modalidades, en el orden contencioso-administrativo; 4) así
como también la nulidad de la tasa de 500 euros para el recurso de suplicación y 750 para
el de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social.También ha sido declarado inconstitucional el art. 7.2, que impone una cuota
variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de
gravamen que corresponda, según la siguiente escala: de 0 a 1.000.000 euros, 0,5%; el resto,
un tipo porcentual del 0,25. Máximo variable: 10.000 euros.La sentencia no ordena la devolución de las cantidades pagadas en relación con las tasas declaradas nulas ni en los procedimientos finalizados por resolución firme ni tampoco en los no finalizados en el que el pago de la tasa se satisfizo sin que fuera impugnada por vulneración del art. 24.1 CE. De hecho, en este último supuesto, la ausencia de la impugnación de la tasa dio firmeza a la liquidación del tributo.