El Fondo de adaptación a la globalización financia políticas activas de
empleo, como capacitación de trabajadores, orientación, formación,
ayudas para el traslado o para el emprendimiento. La modificación legislativa salió adelante con 516 votos a favor, 23 en contra y 17 abstenciones. Entraría en vigor en el momento en que el Reino Unido abandone la UE, pero sólo si lo hace sin acuerdo.

Funcionamiento del FondoLas dotaciones del Fondo de adaptación a la globalización deben ser aprobadas por los Estados miembros y por el Parlamento Europeo. En el periodo 2014-2020 la dotación anual máxima es de 150 millones de euros. Las ayudas financian hasta el 60% del coste de los proyectos desarrollados por las autoridades nacionales para ayudar a los trabajadores que se han quedado sin empleo a encontrar otro, o a montar su propia empresa.

Su sede estará en Bratislava aunque no operará de forma completa hasta el año 2024. Sus funciones se verán limitadas, ya que no podrá iniciar investigaciones laborales, que seguirán siendo competencia de los Estados miembros, aunque sí que podrá pedirlas si sospecha que hay fraude. Además, también trabajará para coordinar los sistemas de seguridad social nacionales, evitando las duplicidades en la cotización de los ciudadanos y trasladando las cotizaciones a las que tengan derecho de un país a otro.Entre sus funciones, tal y como se detalla en el Reglamento 1149/2019 por el que se crea este organismo y que se publicó en el DOUE el pasado 11 de julio, se encuentran facilitar el acceso a la información sobre los derechos y obligaciones en lo referentes a la movilidad laboral en la Unión, hacer más sencilla la cooperación entre los Estados miembros en lo referente a las inspecciones de trabajo y al seguimiento de las leyes sindicales y mediar en el caso de conflictos transfronterizos.

Londres asegura que puede cumplir la ratificación parlamentaria en cuestión de «días», en principio se cuenta con que la Cámara de los Comunes lo votara este mismo sábado, mientras que el Parlamento Europeo se ha comprometido a agilizar también su parte para someterlo a votación en su pleno de la semana próxima y que el acuerdo estuviera a tiempo para el Brexit el próximo 31 de octubre.

A falta de menos de 1 mes para la fecha límite del Brexit, la IRU se ha
unido a una coalición de 8 organizaciones y han solicitado a la Comisión
de la UE y a los Estados miembros de la UE-27 que introduzcan
soluciones de contingencia transitorias adicionales para aliviar los
flujos comerciales y evitar retrasos caóticos en las fronteras causados
por cambios en los procedimientos aduaneros en caso de no acuerdo. Han pedido activamente una exención temporal de los procedimientos aduaneros para mercancías en tránsito y que han comenzado su viaje antes de la fecha límite y finalización del Brexit el 1 de noviembre. Es esta una solución pragmática que reducirá seriamente el riesgo de posibles cuellos de botella durante el cambio tanto para el transporte de mercancías y la industria logística como para las autoridades aduaneras involucradas.

Y es que, en el caso de que el Reino Unido abandone la UE sin un acuerdo, se convertirá en un tercer país el 1 de noviembre de 2019 y se requerirá que la UE-27 aplique los procedimientos aduaneros de la Unión a los envíos que llegan desde el Reino Unido o están en tránsito sin período de transición. La aplicación de estos procedimientos aduaneros se vuelve legalmente técnicamente posible solo una vez que el Reino Unido se convierte en un tercer país. Esto significa que cualquier mercancía que comience su viaje hacia o desde el Reino Unido o en tránsito antes de la fecha límite y que llegue después de la fecha límite no puede declararse antes de que el Reino Unido se convierta en un tercer país y no puede cruzar la frontera antes de haber sido declarada.

Reformas aprobadas en abril de 2019
En la sesión de 4 de abril, y tras innumerables fracasos, el
Parlamento Europeo aprobó algunas de las principales
reformas contenidas en el Paquete de la Carretera,
concretamente las relacionadas con el desplazamiento
de trabajadores, los tiempos de conducción y descanso,
el acceso a la profesión y al cabotaje.

El Parlamento acordó eximir al transporte en tránsito y al
bilateral, así como al transporte triangular consecutivo
en el viaje de ida y otro en el de vuelta, o ninguno en el de
ida y dos en el de vuelta, de las obligaciones fijadas por
la normativa de desplazamiento de trabajadores.
En relación a los tiempos de conducción y descanso
aprobaron que cada 4 semanas el conductor tenga
que volver a su domicilio y se ratifica la prohibición de
realizar el descanso semanal normal en la cabina.
Para
evitar las empresas buzón se requerirá un mínimo de
actividad para poder establecerse en un Estado.
También se establecen nuevas normas para regular el
cabotaje estableciendo un periodo máximo de 3 días,
frente a los 7 actuales, pero sin limitar el número de
operaciones en dicho periodo. Asimismo se establece
un periodo de enfriamiento consecutivo al último
cabotaje de 60 horas (2,5 días) durante el cual no se
podrá realizar cabotaje en el mismo país donde se haya
realizado previamente.
Por último, el acuerdo contempla la introducción
obligatoria del nuevo tacógrafo digital inteligente en
todos los vehículos que realicen transporte internacional
como máximo hasta 2024.