Araudia

Así se establece en la Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, publicada en el BOE de 22 de abril, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones. Esta nueva normativa entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2021.

En el boletín digital Nº 1543 se daba cuenta de la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma de la regulación de los cursos CAP (formación inicial y formación continua). Con fecha 24 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto 284/2021 que deroga la norma anterior que los regulaba, en concreto, el Real Decreto 1032/2007. 

Una vez finalizado ese plazo, el vehículo volverá a estar en situación activa, a menos que el titular manifieste su voluntad de mantenerlo fuera de circulación solicitando sucesivas prórrogas. Así lo establece el Real Decreto 265/2021, publicado BOE de 14 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se
modifica el Reglamento General de Vehículos. No obstante, la DGT ha aclarado que la limitación a un año de las bajas temporales que prevé el nuevo Reglamento de Vehículos no se aplicará con carácter retroactivo, es decir, las bajas tramitadas antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento General seguirán teniendo carácter indefinido, por lo que no habrá necesidad de solicitar una prórroga de dichas bajas temporales aunque lleven más de una año en dicha situación.

Así se establece en el Real Decreto 205/2021 que fomenta el uso de los biocarburantes y regula los objetivos de venta o consumo para 2021 y 2022, y que se publicó en el BOE el pasado 31 de marzo, en consonancia con los escenarios y objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2023, donde se fija una cuota mínima de energía renovable en el transporte del 28% en 2030, lo que favorecerá la reducción de emisiones de gases efecto invernadero asociadas a este sector.

Tal y como ha informado a través de un comunicado en sus redes sociales este pasado miércoles, la DGT asegura que el uso de la mascarilla es una medida sanitaria y de salud pública, por tanto, no tiene competencia alguna en la regulación de la misma. No hay ningún artículo en la Ley de Tráfico y Seguridad vial, ni en los reglamentos que la desarrollan que recoja que no llevarla, quitársela o demás acciones con la misma sea un precepto infractor y mucho menos que lleve aparejado la pérdida de puntos del permiso de conducir.

En el BOE de 17 de marzo se publicó el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas, que sustituye el actual dispositivo de señalización de peligro V-16, consistente en dos triángulos colocados delante y detrás del vehículo inmovilizado, por un dispositivo luminoso de color amarillo que se colocará en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado, que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.

El Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, publicado en el BOE el pasado 13 de marzo y en vigor desde ese mismo día, recoge medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, de las que se destacan las siguientes:

Este importante auto viene a confirmar el fallo dictado en el mes de octubre pasado por el Juzgado de lo Mercantil de Donostia que también se había pronunciado favorablemente a los intereses de un asociado en este mismo supuesto, la aplicación de la acción directa cuando el motivo del impago por parte del intermediario es su declaración concursal.

El Consejo de Ministros celebrado este pasado martes día 9 aprobó el Proyecto de Ley de modificación de la LOTT que establece un nuevo tipo infractor por el incumplimiento del plazo máximo legal de pago de 60 días previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en los contratos de transporte de mercancías por carretera, en línea con otros precedentes existentes en nuestro ordenamiento jurídico para sectores económicos con tipologías empresariales similares.