Con el real decreto aprobado se corrige una de las limitaciones que venían sufriendo los vehículos dedicados al transporte de mercancías por carretera de menor tamaño impulsados por energías alternativas y, en concreto, la eléctrica. Esta modificación legislativa simplifica, además, otras cuestiones relacionadas con el certificado de competencia profesional que se requiere para ejercer la profesión de transportista y con la antigüedad de los vehículos dedicados a esta actividad.

Se elimina totalmente la antigüedad media de los vehículos

Se ha finalizado la adaptación del marco normativo a la sentencia del Tribunal Supremo que eliminó la obligación a los solicitantes de una autorización de transporte público de mercancías por carretera de disponer de, al menos, un vehículo con una antigüedad inicial no superior a 5 meses, contados desde su primera matriculación. 

De este modo, se ha perfeccionado la regulación para que este requisito tampoco aplique a la adscripción de nuevos vehículos o la sustitución de alguno de ellos, ya que se generaban situaciones asimétricas en los operadores del mercado, así como procedimientos administrativos innecesarios.

Se amplía a 2,5 tn. el mínimo exigible para obtener autorización de transporte de vehículos eléctricos
Hasta ahora, el mayor peso de los vehículos dedicados al transporte de mercancías por carretera de menor tamaño impulsados por energías alternativas y, en concreto, la eléctrica, derivado de la presencia de baterías, provocaba que se les exigiera o bien unos requisitos correspondientes a vehículos de mayor tamaño o que redujeran su carga útil, lo que desincentivaba su uso para la distribución de última milla. 

Con esta modificación, se permitirá que los vehículos dedicados al transporte de mercancías que utilicen como fuente la energía eléctrica no requieran autorización de transporte público de mercancías aunque superen las 2 toneladas de MMA que se exige a un vehículo convencional, pudiendo llegar hasta las 2,5 toneladas.

De este modo, se cubre el sobrepeso que suponen las baterías y se permite que tengan la misma carga útil que un vehículo convencional equivalente sin necesidad de solicitar autorizaciones destinadas a vehículos de mayores dimensiones. 

Exámenes de Competencia profesional y CAP 

También se ha perfeccionado la regulación del certificado de competencia profesional con el objeto de garantizar que los solicitantes dispongan de los conocimientos necesarios y, además, se adapta la composición de los tribunales para obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) a las necesidades de las comunidades autónomas. 

Así, se ha añadido una penalización de 1/3 por respuesta errónea en los ejercicios del examen para la obtención del certificado de competencia profesional, evitando así desviaciones por factores de “azar”, y se flexibiliza la composición de estos tribunales para obtener el CAP, con la finalidad de garantizar que se puedan constituir con agilidad incluso en aquellas comunidades autónomas que cuentan, por su dimensión, con una estructura de recursos humanos más limitada. 

Durante el encuentro, les recordó la importancia que el Ministerio otorga a las modificaciones aprobadas, en especial, a la medida que implica que los precios en el transporte reflejen adecuada y ágilmente la variación de costes que se está experimentando por los transportistas, muy especialmente en los últimos meses, y la importancia de hacerlo con la visión amplia y de futuro que otorga el RD-Ley 3/2022, en vigor desde el 2 de marzo (salvo la medida referida a la prohibición de la carga y descarga que lo hará el próximo 2 de septiembre).

En la reunión se realizó un análisis de la situación actual del transporte en España, repasando tanto los retos coyunturales como los ya puramente estructurales del sector, que MITMA ha decido afrontar con decisión, y sobre los que los cargadores/ empresas usuarias del transporte pueden jugar un valioso papel para avanzar en la sostenibilidad del transporte, en sus vertientes ambientales, sociales, económicas etc,

Además de las citadas medidas centradas en el corto plazo, se han tratado otras medias del Real Decreto ley, como la relacionada con los Códigos de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías, en el que, tal y como recoge el propio RD ley, el sector cargador será determinante para un avance decidido tanto en su aprobación, en un trabajo conjunto a tres bandas junto con MITMA y el CNTC, como para su implementación posterior.

Por último, se ha podido compartir la voluntad de MITMA de avanzar en alguna de las medidas recogidas en el acuerdo con el Comité del pasado mes de diciembre, como el estudio de la viabilidad de aplicar en el sector del transporte de mercancías por carretera los principios recogidos en la Ley de la Cadena Alimentaria en relación con sus costes de producción.

Se ha publicado en el BOE de 22 de marzo la Resolución que establece los controles mínimos sobre las jornadas
de trabajo de los conductores en el transporte por carretera, controles que llevarán a cabo los agentes de control tanto en carretera como en las empresas. Los órganos de inspección y control del transporte por carretera organizarán un sistema de controles regulares de tal manera que se controlen, al menos, el 3% de las jornadas de trabajo de los conductores.

Asimismo, al menos el 30% del número total de las jornadas de trabajo se controlará en carretera y al menos el 50% en los locales de las empresas.