Debido a que algunas asociaciones de transportistas francesas, y de otros países, han puesto en duda la información difundida, que venía a decir que las obligaciones de desplazamiento de trabajadores en Francia se aplicaban solo en caso de que el destinatario del servicio, o cliente, estuviera establecido en Francia, desde ASTIC se ha solicitado confirmación oficial a las autoridades francesas, por lo que parece prudente seguir cumpliendo la normativa tal y como se establece en el Décret 2016-418. Existen, además, varios decretos de desarrollo pendientes, que se publicarán probablemente el día 14 de diciembre, y en los que, posiblemente, se aclararán los extremos pendientes.
¡¡Noticia pendiente de confirmación oficial por parte de las autoridades francesas!!

En el Journal Officiel del pasado 6 se septiembre se publicó la Loi nº 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ley ómnibus en la que se han incluido numerosas variaciones normativas en muy diferentes. Una de las leyes que ha sufrido modificación es la ley francesa sobre trabajadores desplazados, conocida como Ley Macron. Además de los incrementos en las sanciones de los que se daba cuenta en
el boletín digital Nº 1.374, se contempla una sustancial modificación
referida a la aplicación de la Directiva de Trabajadores desplazados. 

Según la información facilitada por ASTIC, hasta
ahora las obligaciones derivadas de la Ley Macron se aplicablan a
todas las empresas de transporte extranjeras que realizan
desplazamientos de trabajadores a Francia, en la realización de
transportes de cabotaje en ese país o realizando transporte
internacional con origen o destino en el mismo.
A partir de este cambio legislativo, ya en vigor, la interpretación se
modifica: las obligaciones de desplazamiento (nombrar representante,
realizar la declaración, pagar por encima del salario mínimo francés,
etc.) se aplican solo cuando el destinatario del servicio (es decir, el
cliente que lo ha contratado) está radicado en Francia.

Ley 2018-771 (artículos 89-103).

Según la información dada a conocer por ASTIC, las multas pasarán de 2.000 a 3.000 euros por la primera infracción. En caso de reincidencia (en un plazo de dos años) las multas pasarán de 4.000 a 6.000 euros.

El mismo se concluye por tiempo indefinido y permanecerá en vigor hasta que hayan transcurrido 6 meses desde la fecha en que una de las Partes Contratantes reciba la notificación, por conducto diplomático, de la otra Parte Contratante en la que ésta indique su intención de denunciarlo.