El punto a priori más positivo de la Ley 9/2013 es la aprobación de la acción directa, es decir que el transportista pueda reclamar el pago del servicio al cargador o a cualquiera de los intermediarios en la cadena de contratación en caso de impago, incluso si éstos hubieran pagado ya. Una medida que se aplica satisfactoriamente en Francia desde 1998, y que aquí ha costado años que se apruebe in extremis. Desde GUITRANS llevábamos solicitando esta herramienta para garantizar el cobro desde 2008.
Esta lentitud en la toma de decisiones está siendo demoledora para el
sector. En todo caso el hecho de que la medida esté aprobada no cierra
el problema, porque ahora habrá que analizar qué efecto real tiene,
teniendo en cuenta que el transportista es el eslabón más débil de la
cadena. La Administración está obligada a realizar un seguimiento del
impacto de esta medida introduciendo las modificaciones que sean
necesarias para que efectivamente el transportista cobre en plazo y modo
adecuados. Entre otras cosas quedan dudas sobre la posibilidad de
aplicar la acción directa sobre los cargadores en situación de concurso y
sobre los internacionales.