
La eurodiputada vasca Izaskun Bilbao Barandica ha instado a la Comisión Europea a que investigue y sancione las actividades de una empresa promovida por un ciudadano sueco en Letonia que emplea conductores filipinos en precarias condiciones. Un reportaje de la cadena de televisión Euronews ha destapado que los profesionales así reclutados cobran un salario de 640 euros al mes lo que produce la explotación de los afectados y plantea un caso de dumping social a los operadores del sector en toda la UE.
Se calcula de más de 150.000 ciudadanos originarios de países terceros se integran por este tipo de procedimientos en el colectivo de más de tres millones de conductores de camión que prestan este servicio en carreteras de la Unión.
Se calcula de más de 150.000 ciudadanos originarios de países terceros se integran por este tipo de procedimientos en el colectivo de más de tres millones de conductores de camión que prestan este servicio en carreteras de la Unión.
Esta denuncia tiene lugar cuando las instituciones comunitarias tratan de cerrar el Paquete de Movilidad, conjunto de normas cuya tramitación está en su recta final. Para Bilbao "es una necesidad social, económica y ambiental, mejorará la regulación del acceso a la profesión de transportista, las condiciones sociales y laborales de los conductores, sus tiempos de descanso y conducción y otras circunstancias relacionadas con el control administrativo de esta actividad. Es un paso fundamental para que el transporte en su conjunto sea un factor de competitividad para toda la economía europea".
En la iniciativa que ha impulsado pregunta sobre las posibilidades de que dispone la Comisión para "investigar estos hechos, cortar de raíz estas prácticas y sancionar a sus responsables". Además, solicita que se hagan públicos los datos que obran en poder dela comisión y acreditan "la dimensión de este y otros fraudes similares que precarizan la profesión de conductor y distorsionan el funcionamiento del mercado interior". Finalmente, y a la vista con lo ocurrido con la normativa en revisión pide medidas especiales de control que permitan a Bruselas asegurar que el nuevo paquete legislativo sobre movilidad se aplicará de modo homogéneo en toda la Unión Europea.